Lula traspasa a manos privadas una gran parte del Amazonas
Son 67,4 millones de hectáreas. Se trata de tierras fiscales que ahora pasan a propietarios individuales. Podrán tener hasta 1.500 hectáreas cada uno y en tres años se les permitirá venderlas. Las tierras se usarán para soja y cría de ganado.
El gobierno brasileño decidió legalizar la privatización de la selva del Amazonas. Ayer, el presidente Lula da Silva promulgó una ley que prevé "regularizar" la tenencia de tierras en la floresta por individuos que, en el pasado, se apoderaron de ellas en forma ilícita para cultivar soja y actividades pecuarias. Esto significa entregar 67,4 millones de hectáreas a manos de personas físicas que podrán disponer de extensiones de hasta 1.500 hectáreas. El área en juego equivale a la suma de las superficies de 5 grandes provincias argentinas: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. La polémica ley es una derrota de los ambientalistas y un triunfo de los ruralistas.
La Amazonia brasileña ocupó primitivamente 5 millones de kilómetros cuadrados. No se sabe cuánto ocupa hoy. Pero hay algunas pistas: de ese total, solo 100.000 km2 están preservados por ser reservas indígenas y otros 200.000 se destinaron a la explotación sustentable; el grueso es selva pública que cubre 1,9 millones de km2 y debería ser un santuario. En principio, la medida legislativa cuyo texto fue mandado al Parlamento por el Ejecutivo y aprobado con modificaciones, algunas sustanciales, tenía un justificativo: transparentar la posesión de latifundios por parte de empresas o personas y evitar, al menos en teoría, que en esas grandes haciendas se derribe floresta en exceso. De acuerdo con el código forestal brasileño, un estanciero -físico o jurídico¿solo puede derribar 20% de la selva para fines productivos.
La nueva ley, que Lula aprobó a última hora de la noche con vetos, contiene elementos muy controvertibles. Según los ambientalistas, el objetivo de los ruralistas no es solo conseguir la ley porque legaliza la propiedad de tierras que pertenecían al Estado. Según las Organizaciones No Gubernamentales, entre ellas Greenpeace y World Wide Fund for Nature (WWF), el segundo paso de los grandes propietarios es derribar el Código Forestal. "Ya está en discusión en el Congreso y es el paso que falta para legitimar la devastación de la floresta" reveló Igor Santos, director de prensa del Movimiento de los Sin Tierra (en el pasado íntimo aliado de Lula).
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http://www.clarin.com/diario/2009/06/26/um/m-01946887.htm
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